Ahora le correspondió a la Corte Suprema de Justicia el avalar la aspiración del condenado por corrupto, prófugo y asilado en la Embajada de Nicaragua, el ex presidente Ricardo Martinelli.

El argumento de nuestra máxima autoridad es que su propósito es el de proteger la voluntad soberana del pueblo panameño y defender a la democracia.

¿Mi opinión, en este momento de vergüenza?

• 1. La conclusión de la Corte es equivocada: Mulino debió haber sido inhabilitado.
• 2. El fallo obedece a presiones que nada tienen que ver con la democracia y el pueblo.
• 3. A pesar de la encuesta que lo sitúa 20% arriba, considero que Mulino no va a ganar.

Debe resultar trágico para todo ciudadano decente en Panamá este fallo de la CSJ.
Si el 5 de mayo próximo nuestro electorado escoge como su presidente y representante al testaferro de un declarado corrupto en una elección libre, entonces pónganle a nuestra República un letrero que diga: “Se vende, País Portátil” y dejemos la pretensión de ser patriotas. Internacionalmente anunciaríamos que no lo somos, aunque la mayoría del electorado rechace votar por Mulino el 5 de mayo.

No importa el porcentaje que obtenga el candidato Mulino, preferir como presidente al representante directo de un prófugo condenado por corrupto es pronunciarse a favor de la trampa como razón de vida y abrazarse con la corrupción, públicamente.
Un pueblo auto condenado por no aceptar la verdad.

Rubén Blades
Panamá
3 de Mayo, 2024

Las Elecciones Generales de este 5 de mayo son históricas para nuestro país. Los panameños tenemos la responsabilidad de salir a votar por quienes puedan llevar a Panamá a un desarrollo sostenible y con igualdad de oportunidades para todos, que nos permita construir mejores días para nuestras familias.

Por esta razón, emitimos este Cámara Opina Extraordinario, donde te invitamos a reflexionar sobre lo siguiente:

• Acudamos a las urnas este 5 de mayo de 2024 a emitir el voto con tolerancia y respeto, de forma cívica y pacífica, tal y como ha caracterizado a los panameños en los últimos 30 años de vida democrática.

• Emitamos un voto a conciencia e informado a quien proponga planes de ejecución concretos que produzcan el bienestar de los ciudadanos, divorciado del clientelismo político que compra votos y no propone soluciones reales.

• A los candidatos de las diferentes corrientes políticas, los llamamos a actuar con responsabilidad, anteponiendo cualquier interés electoral a la paz y estabilidad democrática de nuestro querido Panamá.

• El Tribunal Electoral  tiene la responsabilidad de comunicar oportuna y efectivamente todo lo concerniente al proceso electoral. Como ente fiscalizador del torneo electoral, debe cumplir a cabalidad su rol de mantener constantemente informada a la población votante sobre todos los pormenores y acontecimientos de las Elecciones Generales, defendiendo la seguridad del proceso de manera tal que los electores acudan a las urnas bien informados.

• Confiemos que la voluntad popular está garantizada a través de la Junta Nacional de Escrutinio, cuyos miembros son los garantes de que cada voto sea contado y que cada acta oficial sea correctamente firmada y registrada. En ese proceso, el Tribunal Electoral tiene el deber de mantener debidamente informada a la población mediante el registro de la información que llega de las actas en el Sistema de Transmisión Extraoficial – TER.

Reiteramos que el destino de nuestro país está en manos de todos nosotros, los panameños. Es nuestro deber asegurar que las nuevas autoridades reflejen verdaderamente los intereses y aspiraciones del pueblo panameño.

¡Salgamos todos a votar, cuidemos y fortalezcamos nuestra democracia!

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Adolfo Fábrega
Presidente Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)

Debo reconocer que escribir al respecto de la pérdida, desde el punto de vista financiero, como objeto principal de un artículo no es particularmente algo que considere muy apetecible, sin embargo, disociarme de la conversación en torno al tema, me resulta aún menos atractivo, y es por ello que propongo estas breves ideas a fin de sugerir elementos que puedan ocupar el análisis de la academia, los profesionales en materia tributaria, o simplemente quienes les resulte relevante este tema para la tertulia.

El contexto surge como producto de una decisión -que al respecto no será un punto que trataré- emitida por un tribunal para calificar la pérdida financiera (entendida como: “El coste en exceso o coste de amortización de un activo por encima de su precio de venta”) y el potencial concepto fiscal que tiene a fin de ser calificada como un potencial crédito en favor del ente fiscal que la haya sufrido.

Quizá libre de cualquier sesgo -si es que se puede evitar- me resulta muy interesante la prerrogativa que mediante la decisión sugiere tiene el tribunal para modificar la consideración de gasto (entendiendo que el exceso o pérdida precisamente surge como resultado de la ausencia de punto de equilibrio entre los ingresos y los costos o gastos en que incurre la empresa), para legislar mediante la resolución en la construcción de un incentivo o subsidio para satisfacer este exceso.

Aunque de la presente decisión surgen una multiplicidad de temas que pudieran ocupar estas líneas, encuentro particular interés en dos: El primero la creación de un subsidio al capital -presumiendo que las pérdidas contabilizadas fueron o serán pagadas- y que su pago ha sido el producto de dinero (capital) proveniente de los accionistas de la empresa, o producto de una facilidad financiera; El segundo guarda relación con la generación de valor en la economía, que en mi opinión, debe ser el fin último de cualquier transferencia económica que los Estados diseñen en forma de incentivo para un determinado sector o rubro de negocio.

El primer aspecto que ocupa mi atención resulta de la irreverente propuesta hecha por Chamath Palihapitiya, quien fuera ejecutivo de Facebook, al sugerir “que los gobiernos debieron dejar morir a las aerolíneas durante la pandemia” (Bussines insiders, 2020) en referencia al fuerte apalancamiento que ciertos negocios tenían en estímulos o transferencia gubernamentales, lo que generaba ventajas competitivas artificiales.

Este primer aspecto me conmina a cuestionar la impostergable necesidad que tiene el Gobierno de evaluar la necesidad de algunas transferencias o incentivos, pero en adición, las posibles restricciones legales que deben analizarse para evitar la proliferación indiscriminada que termina produciendo la alocación (asignación) de capitales solo por aparentes indicativos de generación de valor.

Como quiera que las pérdidas, entendidas como el posible infortunio de un negocio, es una posibilidad en las economías de libre mercado, y donde existen inversionistas o emprendedores con más o menos información, la generación de incentivos indiscriminados al capital sin objeto o causa sustentada, puede terminar por hacer proliferar la idea de la poca o nula necesidad que tiene una buena propuesta de valor frente al mercado.

El segundo aspecto que ocupa mi atención corresponde a la pertinencia, o bondades que pudiera tener la creación de incentivos -de forma indiscriminada- en economías en vías de desarrollo como la panameña.

Y es que habiendo cambios en la forma de hacer negocios que pueden y necesitan ser aprovechados por países como el nuestro, además de la generación de acuerdos internacionales que conmina al comportamiento responsable y justo en la tributación, este tipo de incentivos carentes de objeto sólo produciría inversionistas domésticos o exacerbaría la imagen perniciosa en torno a la forma de generar ventajas competitivas frente a otros mercados.

Como reza la célebre frase que fuera título en uno de los cuentos del libro Narraciones panameñas “Esta bueno el culantro, pero no tanto”, acometen hoy tanto comerciantes como consumidores la necesaria discusión en torno a los efectos que este tipo de incentivos pueden generar, considerando siempre que todo nos es lícito, más no todo nos conviene.

Didio Espinoza Ríos
Abogado tributarista