Reformas al FAP generan preocupación entre economistas 

La decisión del Gobierno Nacional de reformar la Ley que regula el Fondo de Ahorros de Panamá (FAP) y desconocer la deuda acumulada por varias administraciones con ese ahorro nacional, estimada en más de $1,300 millones, está generando preocupación entre algunos economistas que consideran que esta situación asegura generará su descapitalización.

El proyecto de ley presentado a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca que el gobierno pague al FAP unos $200 millones anuales desde el 2025 y que se aumente $50 millones cada 5 años, a partir del 2034.

Sin embargo, la propuesta legislativa no ha sido bien recibida por algunos especialistas en materia económica del país, especialmente porque la misma contempla la exoneración al gobierno de pagar la deuda acumulada por el FAP durante los años 2021,2022, y 2023, los cuales tuvieron como telón de fondo la pandemia de coronavirus (COVID-19).

De hecho, según el ministro Alexander, de los años 2018 y 2019 son alrededor de $32 millones que vienen del gobierno anterior. Sobre el año 2023, el ministro señaló que anda por el orden de $343-$350 millones. En lo que concierne al 2024, Alexander indicó que tendría que pagarlo el próximo gobierno.

Para el economista Eric Molino, esta situación coloca al FAP en una situación difícil en términos de capitalización, recordando que cuando éste ahorro nacional se creó, incisión con un aporte de empezó con $1,200 millones, proveniente de la privatizaron las empresas de telecomunicaciones y electricidad, pero hoy en día el fondo tiene un patrimonio de apenas $200 millones más.

Molino destacó que eso significa que, en casi 30 años, el Estado panameño no ha hecho las aportaciones suficientes para crecer el FAP, y ahora con esto menos».

Por su parte, el economista Olmedo Estrada, otro problema que enfrenta el FAP es que sus fondos no están siendo utilizados para apoyar los presupuestos de Educación y Salud, como se estableció originalmente, sino también en otros gastos como el pago de subsidios o para financiar el presupuesto de la Asamblea Nacional, algo que a su juicio no tiene justificación.