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Economía

Cortizo vetó parcialmente y extiende hasta diciembre proyecto de moratoria

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El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó parcialmente el proyecto de ley 287, que establece una moratoria de 90 días sobre todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, y sancionó el proyecto 295, que suspende por cuatro meses los pagos en los servicios de electricidad, internet, telefonía fija y agua.

Según Cortizo, su gobierno ya ha negociado con el sector bancario extender la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 para el pago de hipotecas; préstamos comerciales, personales, agropecuarios y de automóviles, y de tarjetas de crédito. El artículo vetado, en tanto, contempla una prórroga en el pago por 90 días, a partir del 1 de marzo pasado.

“Luego de 4 intensas sesiones de trabajo con la Asociación Bancaria de Panamá, hemos logrado acuerdos que superan sustancialmente las condiciones propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley 287”, señaló Cortizo, en un acto en la Presidencia de la República, transmitido en vivo por televisión y con varios diputados (de gobierno y de oposición) sentados en una tarima improvisada en el salón amarillo, detrás del mandatario.

Seguidamente, Cortizo firmó un acuerdo con Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, y sancionó el proyecto 295.

Advirtió que la Asamblea Nacional será convocada a sesiones extraordinarias, para abordar los artículos vetados en el proyecto 287.

El proyecto 287 fue originalmente propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, y el 295, por Raúl Pineda, quien estuvo sentado detrás de Cortizo, en el acto ceremonial en la Presidencia. La diputada Rodríguez también estuvo en Presidencia, pero no se le vio en el acto de firma.

Con los diputados estaba el secretario general del oficialista PRD, Pedro Miguel González.

Cortizo también anunció que vetó tres proyectos más de moratoria, cuyos números no especificó.

“El hecho de que alguno de los contenidos de tres de los cinco proyectos de ley de moratoria pudieran violar aspectos de la Constitución Política de la República, nos llevó a vetarlos por inexequibles”, indicó.

Uno de esos proyectos sería el ley 281, propuesto por la diputada Ana Giselle Rosas, que señala que el Ministerio de Educación (Meduca) “deberá establecer, junto con los colegios particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos educativos”.

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Economía

Panamá desaprovecha alto precio del cobre, al no comercializar material almacenado en la mina 

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La falta de una decisión de las autoridades gubernamentales panameñas respecto a la venta de las 140,000 toneladas de concentrado de cobre que en su momento fueron extraídos en la mina Cobre Panamá y que llevan seis meses almacenadas en las instalaciones de Minera Panamá, S.A. podría costarle al país millones de dólares en ganancias no realizadas para esa empresa y parar el país, tomando en cuenta los precios actuales del cobre.

Se estima que de las 120,000 toneladas de concentrado almacenadas se podrían extraer unas 36,000 toneladas de cobre (30% del concentrado de cobre), que, al precio actual del cobre, que ha alcanzado el récord histórico de $10,000 la tonelada, nos coloca ante valor de mercado estimado de $360 millones.

No obstante, es muy posible que el precio de venta de este material se vea mermado significativamente debido el tiempo que el material se ha mantenido almacenado en las instalaciones de la empresa, deteriorando su calidad y reduciendo el cobre que se puede extraer del mismo.

De hecho, se estima que el valor de mercado de este material estaría fluctuando en este momento entre $250 millones y $300 millones, a pesar de los altos precios del cobre a nivel internacional.

De hecho, una de las actividades abordadas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) implementado ante el cese de operaciones de la mina, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley N°406, es el manejo y comercialización de ese concentrado de cobre que quedó almacenado previamente, por considerarlo como una de las alternativas para poder cubrir el costo del cierre ordenado de la mina, que en este momento está asumiendo la empresa y cuyo estimado es de entre $15 millones y $20 millones al mes.

Otra razón de peso para comercializar este concentrado de cobre es que si bien el precio de ese metal ha registrado niveles récord en los mercados internacionales, la historia de los precios de los commodities es de subidas y bajas, por lo que nadie puede garantizar que el precio seguirá subiendo o se mantendrá estable a largo plazo, ya que todo depende de la demanda global de materiales requeridos para impulsar la transición energética, la cual está atada en gran medida al crecimiento de las principales economías del mundo como China, Estados Unidos, Alemania e India.

Un ejemplo reciente de ello es lo ocurrido con el petróleo. Hace tan solo algunas semanas, en los días previos al ataque anunciado por Irán contra Israel, el precio del petróleo ligero de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se elevó por encima de los $92 el barril, sin embargo, en la medida en que se han disipado las expectativas de un conflicto regional en medio oriente, los precios del oro crudo retrocedieron hasta ubicarse el pasado viernes 3 de mayo en $82.96 por barril.

Lo que significa que no tomar una decisión sobre la venta de este material implicará ganancias no realizadas para el país por varios millones de dólares, si el precio del cobre baja de sus niveles actuales.

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Economía

La Corte deliberó y se pronuncia, por Rubén Blades

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Ahora le correspondió a la Corte Suprema de Justicia el avalar la aspiración del condenado por corrupto, prófugo y asilado en la Embajada de Nicaragua, el ex presidente Ricardo Martinelli.

El argumento de nuestra máxima autoridad es que su propósito es el de proteger la voluntad soberana del pueblo panameño y defender a la democracia.

¿Mi opinión, en este momento de vergüenza?

  • 1. La conclusión de la Corte es equivocada: Mulino debió haber sido inhabilitado.
  • 2. El fallo obedece a presiones que nada tienen que ver con la democracia y el pueblo.
  • 3. A pesar de la encuesta que lo sitúa 20% arriba, considero que Mulino no va a ganar.

Debe resultar trágico para todo ciudadano decente en Panamá este fallo de la CSJ.
Si el 5 de mayo próximo nuestro electorado escoge como su presidente y representante al testaferro de un declarado corrupto en una elección libre, entonces pónganle a nuestra República un letrero que diga: “Se vende, País Portátil” y dejemos la pretensión de ser patriotas. Internacionalmente anunciaríamos que no lo somos, aunque la mayoría del electorado rechace votar por Mulino el 5 de mayo.

No importa el porcentaje que obtenga el candidato Mulino, preferir como presidente al representante directo de un prófugo condenado por corrupto es pronunciarse a favor de la trampa como razón de vida y abrazarse con la corrupción, públicamente.
Un pueblo auto condenado por no aceptar la verdad.

Rubén Blades
Panamá
3 de Mayo, 2024

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Economía

La Cámara Opina: Cuidar nuestra democracia está en nuestras manos

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Las Elecciones Generales de este 5 de mayo son históricas para nuestro país. Los panameños tenemos la responsabilidad de salir a votar por quienes puedan llevar a Panamá a un desarrollo sostenible y con igualdad de oportunidades para todos, que nos permita construir mejores días para nuestras familias.

Por esta razón, emitimos este Cámara Opina Extraordinario, donde te invitamos a reflexionar sobre lo siguiente:

  • Acudamos a las urnas este 5 de mayo de 2024 a emitir el voto con tolerancia y respeto, de forma cívica y pacífica, tal y como ha caracterizado a los panameños en los últimos 30 años de vida democrática.
  • Emitamos un voto a conciencia e informado a quien proponga planes de ejecución concretos que produzcan el bienestar de los ciudadanos, divorciado del clientelismo político que compra votos y no propone soluciones reales.
  • A los candidatos de las diferentes corrientes políticas, los llamamos a actuar con responsabilidad, anteponiendo cualquier interés electoral a la paz y estabilidad democrática de nuestro querido Panamá.
  • El Tribunal Electoral  tiene la responsabilidad de comunicar oportuna y efectivamente todo lo concerniente al proceso electoral. Como ente fiscalizador del torneo electoral, debe cumplir a cabalidad su rol de mantener constantemente informada a la población votante sobre todos los pormenores y acontecimientos de las Elecciones Generales, defendiendo la seguridad del proceso de manera tal que los electores acudan a las urnas bien informados.
  • Confiemos que la voluntad popular está garantizada a través de la Junta Nacional de Escrutinio, cuyos miembros son los garantes de que cada voto sea contado y que cada acta oficial sea correctamente firmada y registrada. En ese proceso, el Tribunal Electoral tiene el deber de mantener debidamente informada a la población mediante el registro de la información que llega de las actas en el Sistema de Transmisión Extraoficial – TER.

Reiteramos que el destino de nuestro país está en manos de todos nosotros, los panameños. Es nuestro deber asegurar que las nuevas autoridades reflejen verdaderamente los intereses y aspiraciones del pueblo panameño.

¡Salgamos todos a votar, cuidemos y fortalezcamos nuestra democracia!

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Adolfo Fábrega
Presidente Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)

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