Desde que la mina de Cobre Panamá cesó sus operaciones en noviembre de 2023, debido a bloqueos ilegales vía terrestre y marítima, que no permitieron la llegada de insumos, y tras la instrucción del Ministerio de Comercio e Industrias luego del anuncio de inconstitucionalidad de la Ley N°406 de 20 de octubre de 2023, que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá S.A., los primeros cuatro meses del 2024 han sido difíciles de afrontar para sus proveedores.

Recorte de personal, baja demanda e incertidumbre ante compromisos bancarios adquiridos, son parte del panorama que se les ha presentado a quienes antes obtenían un ingreso seguro proveniente de la mina, la cual también ha tenido que prescindir de gran parte de su mano de obra y mantenerse en una fase de Preservación y Gestión Segura (PGS).

En la lista de esos proveedores se encuentra Mariela Castillo, fundadora de la Asociación de Productores de Donoso y La Pintada (Donlap), quien reconoce que luego del anuncio, las ventas de sus productos agrícolas disminuyeron, porque la cantidad solicitada ya no es la misma, tomando en cuenta que su principal y mayor comprador era la mina.

“Tengo productores que tienen disponibilidad en su finca de 100 kilos, y yo solamente puedo retirarles a cada uno 10 o 20 kilos, y con lo demás, ellos tienen que ver qué hacen, porque lo que nos están pidiendo ahora es súper pequeño comparado con el panorama que nosotros teníamos anteriormente. Nos ha afectado en la empresa, en el campo, en la misma planta”, comentó Castillo.

De ocho colaboradores en Donlap pasaron a ser sólo dos, en una empresa con su propia planta que mantiene los mismos gastos, a pesar de producir a menor escala, por lo tanto, lo que se vende no logra cubrir todas las cuotas.

Para Donlap el golpe ha sido duro, porque se trata de una asociación que se formó a raíz de la presencia de la mina de Cobre Panamá, que colaboró para que se aprendiera a trabajar la tierra de manera sostenible, desde hace más de 10 años.  El grupo comenzó vendiendo sus productos agrícolas a la mina y han logrado acceder a otros mercados, alcanzando los dos millones de dólares en ventas en el 2021, lo que se conoce como desarrollo de proveedores, generado a partir de las operaciones mineras.

Víctor Aguirre, gerente de GreenPark Solutions, es otro de los proveedores de la mina en temas de transporte de colaboradores y comunitarios, que pasó de tener 25 trabajadores a cinco, y a vender la mayoría de la flota para afrontar compromisos con los bancos. De facturar 70 mil dólares al mes, ahora “si acaso” llegan a 2 mil.

“El servicio que brindábamos era a diario para que, quienes estaban en la mina, pudieran entrar y salir a distintas horas para hacer sus mandados, ahora se hace uno o dos veces a la semana. Es más, durante quincenas ya no se ve ese movimiento cuando bajaban esos mineros, ahora vas a los súper y casi no hay ni filas, hay casas que están rentadas con letreros de se alquila, porque están vacías, porque subcontratistas o personas de otras provincias rentaban casas. Todo ese flujo de ese día a día de esa cantidad de personas ya no se ve”, comentó.

De hecho, otros tipos de comercios en Coclé han sentido el cambio drástico. Al ser consultado, el empresario Carlos Araúz compartió con este medio que ha podido notar un bajo movimiento en un local comercial ubicado en la zona, y también en el Hotel Coclé, un establecimiento de su propiedad con 117 habitaciones, donde pasaron a ser la mitad, de 70 trabajadores.

“Después de diciembre los bajones han sido muy altos, diría que de 30 a 40%. Ha bajado en todo: en la cocina..en todo…Coclé es la más afectada, porque era el puerto de entrada de la mina”, expresó Araúz, quien dijo que muchos de los visitantes en el hotel eran relacionados a la mina.

Así mismo, Araúz comentó que existen otras empresas o  industrias afectadas de las cuales “uno no se da cuenta”, como por ejemplo, mencionó una embotelladora de agua en Aguadulce que trabajaba para la mina con 40 o tal vez 50 personas que actualmente permanece cerrada.

Los consultados dijeron que varios de sus antiguos colaboradores tuvieron que buscar otras oportunidades de empleo, muchos de ellos de manera informal, lo que afectó su calidad de vida.

El año pasado, la empresa especialista en investigación y análisis económico, Indesa, presentó un estudio de impacto económico en el país en relación con la mina de Cobre Panamá, en el que destacaron cálculos multiplicadores, directos e inducidos en actividad económica, ingreso y empleo. Dentro del análisis, señalaron que, tan sólo en 2021, la minera logró un aporte de 4.8% al Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los empleados asociados (directos, indirectos e inducidos) ascendían a 40,793, lo que equivalía al 2,3% de la ocupación total del país.

Detallaron que aproximadamente 2 de cada 100 empleos que existen en el país estaban asociados a la producción de la mina de cobre de forma directa, indirecta o inducida por el consumo que realizaban los trabajadores.

Mario Him también tiene comercios en Coclé, principalmente en Penonomé, y admitió que el movimiento ha estado lento y que la actividad económica se ha visto afectada debido al cese de la mina, tanto, que incluso algunos locales han tenido que cerrar sus puertas. En su caso, no ha tenido que reducir personal, pero sí ha visto una afectación entre las solicitudes de arrendamiento en su negocio y los mismos arrendatarios que sienten una merma en la cantidad de servicios.

“Lo que realmente estamos percibiendo es que el ciudadano requería un poco más de orden en cuanto al manejo de todo lo referente a la mina, eso dio origen a una protesta generalizada. Definitivamente que ha habido una afectación en la economía de Penonomé, y esperemos que de alguna forma podamos hacer un replanteamiento y ver cómo las actividades, ya sea para el cierre o para el ordenamiento, que tienen que surgir, sean de frente a lo que se espera y que podamos nuevamente ver alguna mejoría en la economìa local”, añadió

Flojo movimiento, también en turismo

El turismo también está sufriendo. De acuerdo con Úrsula Kiener, quien ha trabajado en el sector turismo por varios años, los primeros meses de este 2024 han sido flojos, en gran parte por la incertidumbre que se vivió por las protestas en las calles que finalizaron en diciembre, tras el fallo del contrato minero, que llevó a agencias de viajes a cancelar planes.

Sobre el debate de si el turismo puede ser una entrada económica para el país que reemplace la mina, Kiener explicó que la mina no compite con turismo.

“Pensar que el turismo va a venir a reemplazar a la mina, una industria que nadie le ha prestado atención en tanto tiempo y no estamos haciendo ningún tipo de gestión”, detalló, y añadió que Panamá, tal y como lo sugieren algunos comentarios, no puede compararse con Costa Rica como destino ecoturístico, porque este país hermano viene trabajando dicha imagen desde los años 70, además que nuestra nación no tiene los mismos productos que Costa Rica.”Panamá tiene gastronomía que no tiene Costa Rica, indígenas, el Caribe…muchas cosas que no tiene Costa Rica, ¿por qué queremos parecernos si somos diferentes?”, dijo.

Panamá/Juan Diego Vásquez, diputado independiente y líder de la coalición Vamos, reaccionó este martes al proceso de impugnación que arrancó en el Tribunal Electoral para los diferentes cargos de elección popular elegidos el pasado 5 de mayo.

“El derecho de impugnar una elección, si existen pruebas de ilegalidades, es legítimo, venga de donde venga”, escribió Vásquez en su cuenta de X, señalando que “lo que nunca puede ser legítimo es que dichos procesos vulneren la voluntad popular y afecten la instalación de la Asamblea”.

Con el inicio del proceso de impugnación, ya hay seis diputados que han sido demandados. En esta situación se encuentran los cinco diputados del circuito 8-4, pues allí el candidato Alejandro Pérez, del partido Realizando Metas, pidió la nulidad de la proclamación de todos los diputados.

Esta situación afecta a dos candidatos de la bancada independiente Vamos, dos del Movimiento Otro Camino y uno del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De acogerse las impugnaciones en los juzgados y no resolverse antes del 1 de julio, la Asamblea Nacional arrancará incompleta. Es decir, habrá diputados que se mantendrán en suspenso y no podrán asistir al pleno hasta que no se resuelva la impugnación.

Esta es una preocupación latente entre los candidatos electos, pues ya en otras ocasiones la Asamblea ha arrancado sin los 71 diputados.

Por ejemplo, Jorge Bloise, uno de los afectados del 8-4 y miembro de la coalición Vamos, dijo que existe “una jugada detrás: buscar que no entremos el 1 de julio”.

No obstante, Pérez asegura que se le arrebató la curul y que hay inconsistencias en la aritmética de las actas. Por ello, el político pidió la anulación de la proclamación de los cinco diputados electos, para lo cual pagó $125 mil. Además, quiere que se haga nuevamente la elección en 25 mesas.

En ese sentido, Vásquez pidió al Tribunal Electoral “imprimirles urgencia a los procesos”.

Se espera que más impugnaciones lleguen al Tribunal Electoral, pues solo se pueden impugnar los tres días siguientes a la publicación de informes y gastos de campañas de los candidatos electos. El proceso de la entrega de reportes de los candidatos culminó ayer, 20 de mayo.