El índice bursátil Dow Jones ha superado por primera vez los 40.000 puntos este jueves tras verse aupado por los datos de inflación publicados el miércoles y que apuntaban a un enfriamiento del coste de la vida, así como por el estancamiento de las ventas minoristas.

La debilidad de ambos indicadores despejarían el camino para que la Reserva Federal (FED) baje los tipos de interés este año, lo que ha animado a los mercados y ha motivado que el Dow Jones haya superado dicha barrera psicológica sobre las 16.30 hora peninsular.

No obstante, el índice cayó por debajo poco después y reconquistó la cota de los 40.000 enteros para volver a perderlos. Sobre las 13.00 hora local de Nueva York, estaba en los 39.995,86 puntos, un 0,22% más que en la apertura.

«El hito de los 40.000 puntos del Dow muestra también la resistencia de la economía estadounidense en un momento en el que se ha hablado mucho de recesión», ha explicado el estratega jefe de mercados de B. Riley Financial, Art Hogan.

No cabe la menor duda que la designación del economista Felipe Chapman como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por parte del presidente electo José Raúl Mulino será percibido positivamente tanto a nivel de los gremios empresariales locales como de los mercados financieros internacionales y de las agencias de calificación de riesgo.

Sin embargo, vale la pena repasar los retos que el próximo ministro de Economía y Finanzas tendrá que afrontar una vez asuma el cargo el próximo 1 de julio.

La lista comienza con la deuda que mantiene el ejecutivo con los proveedores del Estado, que el propio Mulino estima en $1,700 millones. Al iniciar su gestión el presidente Laurentino Cortizo, a quien le toco asumir una deuda con proveedores que superaba los $500 millones, dijo que no entregaría las riendas del Estado con una rienda similar, y aunque el actual ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, les aseguró a los directivos de la Cámara de Comercio de Panamá, que saldarían sus compromisos antes de entregar el poder al próximo gobierno, aún no se han adoptadas medidas para cumplir esa promesa.

A eso hay que agregar una deuda pública que literalmente se ha más que duplicado en los últimos cinco años, pasando de $23,000 millones a nada menos que $49,000 millones, lo que coloca la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), 56.4% (al cierre de 2023).

Por otra parte, si bien el PIB alcanzó en 2023 un total absoluto de $83,282 millones y un crecimiento interanual de 8.96%, la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A. (subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, Ltd.), lo que implicó el cierre intempestivo de la  mina Cobre Panamá, ha llevado a los principales organismos internacionales y calificadoras de riesgo a reducir las proyecciones de crecimiento para este año 2024 a entre 1% y 3%, muy por debajo de la tasa promedio de crecimiento económico registradas por el país en los últimos 15 años.

Como agravante a los problemas económicos debemos tener presente que la tasa de desempleo, que producto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) se elevó a 18.1% en 2020, pero que había bajado paulatinamente hasta llegar a 7.4% en 2023, también está viendo fuertemente impactada por el cierre de la mina Cobre Panamá.

De hecho, el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que desde el 28 de noviembre a la fecha unas 31,000 personas vinculadas a la actividad minera han perdido sus empleos, una situación que podría agravarse en la medida en que no se encuentre una solución negociada al tema minero.

Otro elemento importante a tener en cuenta es la estrechez fiscal, un tema que preocupa grandemente a las calificadoras de riesgo y organismos internacionales. La preocupación es tal que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) abogan por una consolidación fiscal que contemple el incremento de algunas tasas impositivas para reducir la dependencia del Gobierno panameño de los mercados internacionales para financiar la ejecución presupuestaria.

En este sentido, no sólo se habla de racionalizar el gasto público, reducir la abultada planilla estatal y eliminar o focalizar diversos subsidios que recibe, sino también de incrementar, por ejemplo, el Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (Itbms) o Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se mantiene actual ente en 7% y excluye alimentos y otros productos de primera necesidad.

Igualmente hay tomar en cuenta la potencia crisis que se cierne sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), otro tema que le quita el sueño a las calificadoras de riesgo.

Finalmente, y no por ello menos importante, el próximo ministro Chapman tendrá que diseñar una “estrategia país” para recuperar el grado de inversión por parte de Fitch Ratings y para evitar que las otras gigantes de la calificación de riesgo, Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s, también degraden la deuda pública panameña a nivel de bonos chatarra, tal como lo hizo Fitch.

El tema aquí es si los mercados lograr percibir que a pesar de todos los problemas económicos y financieros que enfrenta, Panamá está en capacidad de hacer frente a sus obligaciones, aunque esto implique, como lo anunció el presidente Mulino, una restructuración de la deuda.

Sin duda, es un panorama complejo, pero no hay que olvidar que el padre de Felipe, Guillermo Chapman, enfrentó un escenario similar durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, gestión en la que superó muchos de los problemas del país y que, por ejemplo, sentó las bases para que el país pudiese alcanzar años después el grado inversión.

No cabe la menor duda que la designación del economista Felipe Chapman como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por parte del presidente electo José Raúl Mulino será percibido positivamente tanto a nivel de los gremios empresariales locales como de los mercados financieros internacionales y de las agencias de calificación de riesgo.

Sin embargo, vale la pena repasar los retos que el próximo ministro de Economía y Finanzas tendrá que afrontar una vez asuma el cargo el próximo 1 de julio.

La lista comienza con la deuda que mantiene el ejecutivo con los proveedores del Estado, que el propio Mulino estima en $1,700 millones. Al iniciar su gestión el presidente Laurentino Cortizo, a quien le toco asumir una deuda con proveedores que superó los $500 millones, dijo que no entregaría las riendas del Estado con una deuda similar, y aunque el actual ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, les aseguró a los directivos de la Cámara de Comercio de Panamá, que saldarán sus compromisos antes de entregar el poder al próximo gobierno, aún no se han adoptadas medidas para cumplir esa promesa.

A eso hay que agregar una deuda pública que literalmente se ha más que duplicado en los últimos cinco años, pasando de $23,000 millones a nada menos que $49,000 millones, lo que coloca la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), 56.4% (al cierre de 2023).

Por otra parte, si bien el PIB alcanzó en 2023 un total absoluto de $83,282 millones y un crecimiento interanual de 8.96%, la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A. (subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, Ltd.), que implicó el cierre intempestivo de la  mina Cobre Panamá, ha llevado a los principales organismos internacionales y calificadoras de riesgo a reducir las proyecciones de crecimiento para este año 2024 a entre 1% y 3%, muy por debajo de la tasa promedio de crecimiento económico registrado por el país en los últimos 15 años.

Como agravante a los problemas económicos debemos tener presente que la tasa de desempleo, que producto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) se elevó a 18.1% en 2020, pero que había bajado paulatinamente hasta llegar a 7.4% en 2023, también está viendo fuertemente impactada por el cierre de la mina Cobre Panamá. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que desde el 28 de noviembre a la fecha unas 31,000 personas vinculadas a la actividad minera han perdido sus empleos, una situación que podría agravarse en la medida en que no se encuentre una solución negociada al tema minero.

Otro elemento importante a tener en cuenta es la estrechez fiscal, un tema que preocupa grandemente a las calificadoras de riesgo y organismos internacionales. La preocupación es tal que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) abogan por una consolidación fiscal que contemple el incremento de algunas tasas impositivas para reducir la dependencia del Gobierno panameño de los mercados internacionales para financiar la ejecución presupuestaria. En este sentido, no sólo se habla de racionalizar el gasto público, reducir la abultada planilla estatal y eliminar o focalizar diversos subsidios que recibe, sino también de incrementar, por ejemplo, el Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (Itbms) o Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se mantiene actualmente en 7% y excluye alimentos y otros productos de primera necesidad.

Igualmente hay que tomar en cuenta la potencial crisis financiera que se cierne sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), otro tema que le quita el sueño a las calificadoras de riesgo.

Finalmente, y no por ello menos importante, el próximo ministro Chapman tendrá que diseñar una “estrategia país” para recuperar el grado de inversión por parte de Fitch Ratings y para evitar que las otras gigantes de la calificación de riesgo, Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s, también degraden la deuda pública panameña a nivel de “bonos chatarra”, tal como lo hizo Fitch. El tema aquí es si los mercados lograr percibir que, a pesar de todos los problemas económicos y financieros que enfrenta, Panamá está en capacidad de hacer frente a sus obligaciones, aunque esto implique, como lo anunció el presidente Mulino, una restructuración de la deuda.

Sin duda, es un panorama complejo, pero no hay que olvidar que el padre de Felipe, Guillermo Chapman, enfrentó un escenario similar, aque quizás con ribetes menos dramáticos, durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, gestión en la que se superaron muchos de los problemas del país y que, por ejemplo, sentó las bases para que Panamá pudiese alcanzar años después el grado inversión.