Las grandes transformaciones que se requieren en los modelos de desarrollo de América Latina y el Caribe para poder lograr sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles, necesitan una ampliación del espacio fiscal para dar sostenibilidad a las finanzas públicas.

Así lo han manifestado autoridades, expertos y académicos reunidos en el XXXVI Seminario Regional de Política Fiscal, que ha concluido este miércoles en la sede de la Cepal en Santiago de Chile.

El foro regional –que durante 36 años ha convocado a autoridades, especialistas, sociedad civil y academia para dialogar sobre los desafíos de política fiscal que enfrentan los países de la región– finalizó recalcando la necesidad de incrementar la disponibilidad de recursos fiscales y hacer un uso más efectivo de ellos, mediante el aumento tanto del nivel de recaudación tributaria como de su progresividad para que contribuya a la reducción de desigualdades.

El encuentro fue inaugurado por José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, quien advirtió que el entorno macrofinanciero actual, caracterizado por un crecimiento económico bajo y altos costos financieros, ha vuelto más complejo el manejo de la política fiscal en la región.

«Los países cuentan con un espacio fiscal acotado, con crecientes presiones para contener el gasto público con miras a resguardar la dinámica de la deuda pública», ha señalado.

En este sentido, ha agregado que cuando los países tienen que dedicar 3, 4 y hasta 5 puntos del PIB al servicio de la deuda, se reduce la disponibilidad de recursos para gastos e inversiones en salud, educación, infraestructura y otras áreas clave para el desarrollo económico y social.

«Por ello, venimos insistiendo en que para generar una capacidad de crecer de manera alta, sostenida, inclusiva y sostenible, y salir de la trampa de bajo crecimiento, los países de la región deben escalar y mejorar sus políticas de desarrollo productivo», ha enfatizado.

Durante los tres días de debates se ha abordado el gasto público y sus prioridades para alcanzar un desarrollo más sostenible, el fortalecimiento de los ingresos públicos para financiarlo y la sostenibilidad de la deuda pública.

Si bien el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, espera impulsar un plan económico centrdo en asegurar la estabilidad macro y atraer Inversión Extranjera Directa (IED), su gestión algunos tonos grises, como el alto nivel de fragmentación de la Asamblea Nacional, la difícil situación fiscal y la presentación de arbitrajes contra el Estado panameño por el cierre de la mina Cobre Panamá.

Estas son las conclusiones a que la arriba un análisis de la situación que tendrá que afrontar Mulino a partir de su investidura como presidente de Panamá del 1 de julio elaborado por el Bank of America (BofA Global Research).

El estudio destaca que Mulino, del partido Realizando Metas, se convirtió en el presidente electo de Panamá al obtener el 34,3% de los votos, pero advierte que tendrá que enfrentar una Asamblea Nacional (Congreso) sumamente fragmentado, lo que a juicio de BofA Global Research “es negativo para la gobernabilidad”.

A este respecto señala el informe que el bloque del presidente electo Mulino, Realizando Metas (aliado con el Partido Alianza), apenas tendrá 15 escaños (de 71), bastante menos que Laurentino Cortizo, quien cuando inició su mandato en 2019 contaba con 40 escaños (35 del PRD y 5 de su aliado Molirena).

Además, el análisis de BofA Global Research advierte que Mulino se encuentra ante decisiones difíciles, entre las que destacó la necesidad de hacer ajustes fiscales, definir el futuro de la minería en el país y afrontar la crisis de la seguridad social (sistema de pensiones).

En opinión del banco estadounidense, el ajuste fical es uno de los temas económicos más apremiantes para el próximo presidente, porque de ello depende

la calificación crediticia del país y pérdida del grado de inversión en momentos en que Fitch Ratings rebajó la calificación de Panamá por debajo del grado de inversión y es posible que Moody’s y S&P también no lo hagan.

Igualmente destacó la importancia de definir el futuro de la industria minera, dado que la Ley N°407 prohíbe nuevas concesiones y los $20,000 millones, 24% del Producto Interno Bruto (PIB) a los que podrían ascender las demandas de arbitraje por el cierre de la mina Cobre Panamá.

En este contexto, BofA Global Research anticipa que será más difícil para Mulino que para Cortizo lidiar con estos problemas, debido a que la representación de su partido en el Congreso será menor, el riesgo de mayor malestar (después de las protestas en 2022 y 2023) y condiciones macroeconómicas erosionadas.

Favorable al mercado, pero con matices de gris

Sin embargo, BofA Global Research, considera que el plan escrito del presidente electo Mulino –titulado “Alianza para Salvar a Panamá” y

Publicado, en el sitio web del Tribunal Electoral, parece favorable al mercado ya que establece como el principal objetivo de su política económica el asegurar la estabilidad macroeconómica y el uso como punto de partida para el progreso.

Destaca que la propuesta de Mulino apunta a una tasa de crecimiento del PIB nominal del 7% (la inflación/deflactor en Panamá suele ser muy baja debido a la dolarización) e intentar aumentar las entradas de IED hasta el 15% del PIB para el año 2029 (desde el 2.8% del PIB en 2023) y por supuesto, recuperar el grado de inversión que le quitó Fitch Ratings.

“Esto debería ser música para los oídos de los inversores. Sin embargo, leer el contenido completo del documento “Alianza para salvar a Panamá” se pueden encontrar algunos matices de gris”, concluye el análisis de A Global Research.

El 47% de las empresas participantes en el Sonde Rápido de la Actividad Económica de la firma de asesoría económica y financiera, Elemente, reportó que sus ventas en el mes de abril fueron mayores a las registradas hace un año, en abril de 2023, mientras que el Indicador de Tendencia Positiva de Ventas alcanzó 42%.

De hecho, 43% de los participantes reportaron mayores ventas en abril relativo a marzo de 2024, mientras que 30% reportaron menores ventas.

Sin embargo, el sondeo de Elemente indica que el 50% de las empresas participantes esperan mejores ventas para el resto del año, mientras que 15% esperan ventas menores.

Elemente destacó que en este sondeo de abril se recibieron 52 comentarios, 40% positivos (40%) y 40% negativos, en los que la palabra «incertidumbre» se repitió siete veces.

Pero a pesar de ello, entre los comentarios destaca la esperanza de que “se recupere la confianza del consumidor y las ventas sean ligeramente superiores al 2023″ y las expectativas de que va a “mejorar significativamente el entorno económico», aunque también hubo quienes advierten que «hay temas macro económicos que prende luz roja sino se atienden».