Los países agrupados en la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático han acordado reducir los efectos del calentamiento global, enfocándose principalmente en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), debiéndose para ello sustituir los combustibles fósiles por una matriz energética en base a electro movilidad y generación de energías limpias, lo cual conlleva a un aumento explosivo en la demanda de minerales críticos que dichas tecnologías requieren para su funcionamiento.

Entre otras proyecciones, la ONU Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), basadas en datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA,por sus siglas en inglés), indican que para el año 2050 la demanda de litio y otros minerales como el cobre, aumentará más de 1,500%.

Otras proyecciones señalan que esta mayor demanda de minerales significará que al 2030, el cobre presentará un déficit anual de al menos 5 millones de toneladas en el inventario mundial.

De acuerdo con cifras de la Unctad, para contar con el mineral necesario para cumplir los objetivos de cero emisiones, la industria podría necesitar alrededor de 80 nuevas minas de cobre, 70 nuevas minas de litio y níquel, y 30 nuevas minas de cobalto, con una inversión necesaria entre 2022 y 2030, entre $360,000 millones y $450,000 millones.

Este déficit generará en los mercados mundiales un aumento progresivo y sostenido en los precios del cobre, convirtiéndose ello en una inmensa oportunidad para los países que cuentan con importantes reservas de dicho mineral, los que deben considerar si aprovecharán o no en un marco de desarrollo sostenible y sustentable, las oportunidades que este ciclo de precios altos puede significar para el desarrollo social de sus ciudadanos.

En este sentido, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés), del cual Panamá es miembro, recomienda que los gobiernos que deseen beneficiarse económicamente del aumento de la demanda de minerales, deben determinar los ingresos que están en juego para sus economías, los minerales considerados críticos, y aunque depende de las circunstancias de cada país, puedan reconocer las oportunidades que existen en las cadenas de suministro de dichos minerales, todo ello en busca de los mejores beneficios para ellos mismos.

En aquellos países que la sociedad civil como los gobernantes tengan dudas o incertezas ante los desafíos sociales y ambientales que genera la actividad minera, resulta recomendable que den un paso adelante conociendo y analizando experiencias de otras naciones, qué con bases y estructuras culturales y económicas similares, han podido reconocer la importancia estratégica que la actividad ha representado para su progreso social.

Ahí podrán con bases reales, evaluar las políticas que se han implementado y que permiten prevenir, fiscalizar, revenir, y recuperar eventuales efectos negativos en el medioambiente y comunidades, así como aquellas políticas que han logrado maximizar los beneficios sociales y económicos que la actividad genera de forma directa para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Existen en dicho sentido son múltiples los organismos internacionales, como la ONU, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, que concluyen que el aporte de la minería, cuando se desarrolla en un marco ambiental, social y financieramente sustentable, generando procesos de transformación productiva, pueden converger en niveles de desarrollo, sostenibilidad y equidad inéditos en su historia.

En ese sentido, existen hoy numerosos ambientes donde conocer de primera fuente las experiencias de países y compañías mineras, donde desde el sector público como privado, se colabora en la exposición y aprendizaje en materias de sustentabilidad, sostenibilidad, protección ambiental, biodiversidad, cierres, comunidades, financiamiento e impuestos, entre otros asuntos.

Sólo en Chile, en el presente año, se realizó el Congreso Internacional “Cesco Week”, la “Conferencia Mundial del Cobre”, y la reunión del “World Minign Congress”, todos con asistencia y exposiciones de autoridades de gobiernos de Latinoamérica, compañías mineras, universidades, y connotados actores de la mineria mundial, todos con un foco en la sustentabilidad de la industria minera, así como su rol en la generación de valor social, medioambiental, comunitario y económico del territorio en que llevan a cabo sus operaciones.

Hoy los gobiernos, como la sociedad civil, deben darse el espacio de analizar, a luz del conocimiento, como la actividad minera, en un marco regulatorio y de compromiso con la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, puede traducirse en una oportunidad real de progreso social y económico para los ciudadanos más vulnerables de sus propios países.

Alfonso Domeyko Letelier
Abogado y consultor en recursos naturales y medio ambiente

La utilización de servicios financieros digitales ha experimentado un rápido crecimiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en los últimos cinco años, con el porcentaje de adultos en la región que son propietarios de cuentas de dinero móvil duplicándose del 4% al 8% entre 2017 y 2021, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las plataformas digitales facilitan el ahorro, mejoran la seguridad, la rapidez, y reducen los costos asociados con los pagos domésticos y remesas internacionales, lo que es especialmente relevante en la región, donde los hogares más vulnerables dependen de las remesas, según el informe económico del BID ‘Hacia una mayor inclusión financiera para el desarrollo’.

El estudio destaca el número de cuentahabientes de dinero móvil y de pagos digitales, lo que representa un avance en inclusión financiera de empresas y hogares en la región y una puerta de entrada a otros productos y servicios financieros, con una menor dependencia de la infraestructura bancaria tradicional.

Desafíos

A pesar de los avances, la región enfrenta desafíos para cerrar brechas con otras partes del mundo en términos de adopción de herramientas financieras digitales, así como en otras políticas que influyen positivamente en la inclusión financiera.

Estas incluyen el desarrollo de una estrategia nacional de inclusión financiera, la educación financiera, el impulso a la competencia, y mejora en la tasa de recuperación de los créditos ante impago.

Otros retos son el acceso a la información crediticia de los deudores, la eficiencia administrativa de las instituciones financieras mediante el uso de corresponsales y las plataformas digitales de pagos.

«Es clave promover políticas para impulsar la disponibilidad y el acceso a servicios financieros que permiten a las empresas crecer y a los hogares invertir en actividades económicas, educación y salud», ha comentado Tomás Bermúdez, gerente general del BID para la región de Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití.

En esta región, en promedio, 35% de las empresas declaran estar restringidas financieramente, con mayor frecuencia que el promedio en América Latina (30%). Por su parte, en los hogares, la región tiene en promedio un nivel de inclusión financiera estimada de 42% del promedio de los países de ingreso alto de la OCDE.

El presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció su compromiso de pagar la deuda que la Administración del actual mandatario, Laurentino Cortizo, ha acumulado con los proveedores del Estado y adelantó su interés de reestructurar la deuda pública panameña que actualmente ronda los $50,000 millones.

Al dirigirse a sus seguidores, tras haber recibido la llamada del magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) para informarle que extraoficialmente había resultado como ganador de las elecciones presidenciales de este domingo 5 de mayo, Mulino adelantó que su gobierno será pro empresa privada, favoreciendo la atracción de inversiones nacionales e internacionales mediante la reducción de la burocracia estatal, de forma que el sector privado cumpla con su papel de generar riqueza y empleos para los panameños.

Mulino también se comprometió a hacer frente a la deuda que el Ejecutivo mantiene con los proveedores del Estado, deuda que valoró entre $1,600 millones y $1,700 millones, dinero que a su juicio debe estar en manos de aquellas empresas que mantienen contratos con el Estado y han cumplido con sus obligaciones.

Tengan confianza que haremos lo posible para que las inversiones lleguen, haremos esfuerzos grandes para que los maestros, empresarios y todos marchemos con el dinamo de la economía hacia adelante” expresó Mulino,

El presidente electo anunció igualmente su decisión de reestructurar la deuda pública panameña, que rinda los $50,000 millones y que calificó de “enorme” e “impagable”. Pero acto seguido, señaló a los acreedores internacionales que la República de Panamá “cumplirá con sus obligaciones”, aunque expresó su intención de “reestructurar” la deuda pública del país.

Finalmente, Mulino reiteró su intención de construir un gobierno de “Unidad Nacional”, para lo cual, dijo haber adelantado conversaciones con el candidato presidencial de los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza, Rómulo Roux, y José Gabriel Carrizo, aspirante presidencial de los partidos PRD y Molirena.