Panamá vive momentos críticos. El gobierno que triunfe este 5 de mayo enfrentará desafíos de una complejidad sin precedentes, cuyo manejo imponen dos condiciones fundamentales. Primero, figura la apremiante necesidad de potenciar la capacidad de ejecución de todas las instituciones para emprender acciones de alto y pronto impacto, que reactiven la economía y revivan nuestras instituciones.

Lo segundo consiste en que la recién estrenada administración despliegue todas sus habilidades y capital político inicial para generar consensos, restablecer la paz social y pavimentar el camino para adoptar a la brevedad posible, y en armonía, decisiones sensibles e inaplazables como la relativa al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) o al futuro de la actividad minera.

En otras palabras, sería indispensable que desde el día 1, el nuevo gobierno despliegue todo su arsenal tanto técnico como político.

Sobre lo primero, más que apostar a “reactivar” un determinado sector, como han planteado casi todas las ofertas electorales, es determinante adoptar políticas simples y viables que tengan impacto transversal (“across the board”). Como posible acción, cada nueva autoridad podría presentar al término de 10 días, cinco iniciativas específicas para destrabar y simplificar procesos críticos en cada entidad.

Para reducir los tiempos de ejecución se podría recurrir a programas ya vigentes que solo requieren literalmente remover los obstáculos que inhiben su funcionamiento (por ejemplo, programas de primer empleo). Ello brindaría resiliencia a la economía y mejoraría sensiblemente la atención de las crecientes demandas de los usuarios y de la población.

Lo anterior exige de forma inmediata crear capacidades de ejecución, reforzando los estamentos técnicos que gozan de la experiencia para mejorar los tiempos de respuesta y calidad del Estado. No se trata tanto de reducir el Estado como de mejorar su calidad.

En cuanto a lo segundo, en el mismo discurso inaugural, el nuevo gobierno debe convocar para el día siguiente, sin excepción, a todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo partidos, gremios privados y públicos a un gran consenso nacional. No sería descabellado invitar a esas fuerzas o partidos que integren parte del nuevo equipo gubernamental. El país no aguanta un día más de cierres y disenso hábilmente promovidos por grupos que buscan deslegitimar el sistema.

Adicionalmente, resultaría propicio reconocer ante el país, cosa que tampoco se hizo en campaña, que el momento demanda de todos los panameños grandes sacrificios y entendimiento, y que en alguna medida se depongan intereses que riñen con el bienestar general del país.

Ello exigiría, como telón de fondo, un cronograma público para delinear el plan de acción que se adoptarán en los primeros 100 días para materializar esos grandes consensos y reactivar el funcionamiento del Estado y de la economía.

Para los temas macros más apremiantes deben convocarse mesas de trabajo que, a diferencia de otras, se rijan bajo un tiempo perentorio para generar decisiones y consensos específicos dejando sentado que, de no lograrse dichos objetivos, compete al Gobierno en última instancia la suprema responsabilidad de adoptar las medidas necesarias.

Finalmente, lo propuesto no riñe con la instrumentación del Plan General del nuevo Gobierno; por el contrario, este Plan de 100 días lo complementa. De hecho, ningún plan es viable sin armonía social y condiciones operativas para ejecutarlo. Una maquinaria burocrática funcional es indispensable para ejecutar cualesquiera de las políticas o programas propuestos, sean de combate a la corrupción, de desarrollo del agro o de fomento del turismo.

Lograr temprano triunfos contundentes, aunque modestos, generaría un efecto de “demostración” de que sí funciona el nuevo Gobierno, lo que renovaría progresivamente su capital y credibilidad político para una gestión más sostenible y efectiva, creando condiciones para un Panamá de mayor bienestar y paz.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Indicadores como la perspectiva económica del país y del hogar, o la posibilidad de ahorrar dinero en los próximo 12 meses continúa siendo un tema de desconfianza entre los consumidores panameños.

Así lo muestran los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño (Iccp), encuesta realiza por The Marketing Group y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

De acuerdo al Iccp, los valores antes mencionados siguen siendo un tema sensitivo para los panameños que aputan a una disminución de la confianza ubicandose en 79/100; 5 punto menos que la última medición en enero 2024 cuando tenía 84/100.

«En esta oportunidad, hay desconfianza sobre la situación económica del país y del hogar a futuro”, ha manifestado Domingo E. Barrios, presidente de The Marketing Group.

«La desconfianza se podía palpar de forma subjetiva, hoy lo estamos cualificando», indicó Adolfo Fábregas, presidente de la Cciap.

Con la entrada de la próxima administración y a pesar de no conocer quien será elegido presidente, el panameño muestra desconfianza.

La situación país nos permite ver que la ciudadanía en este momento desconfía que podamos salir, a corto plazo, de la situación compleja.

A criterio de Fábrega hay alguno puntos inmediatos que abordar: La solución del agua, el Programa de Invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social (CSS), que se comience a demostrar una austeridad en el gasto de los fondos públicos en el 2025.

Resultados de la encuesta

La metodología TMG considera cuatro indicadores que participan en la medición:

• Hogar, próximos 12 meses: Disminuyó en 11 puntos, pasando de 92/100 a 81/100 puntos.  Desde la medición de septiembre 2023, este indicador presenta un resultado negativo, mostrando que hay desconfianza sobre la situación económica del hogar a futuro.
• País, próximos 12 meses: Marcó 68 puntos, presentando una disminución de 5 puntos, al compararlo con enero 2024. Este indicador continúa mostrando un retroceso en la confianza de los consumidores sobre la economía del país a futuro.
• Desempleo, próximos 12 meses: Marca un índice de 97/100, 5 punto por arriba de la medición anterior. El 34% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 23% estima que es bastante probable que tenga trabajo.  El 14% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 25% considera que no tendrá empleo y u
• Ahorro, próximos 12 meses: 72/100, con una disminución de 9 puntos con respecto a enero 2024.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, firmó una Resolución, aprobada en la Cadena Agroalimentaria de Maíz para la compra por parte de la industria de un remante de 367 mil quintales del ciclo agrícola 2023–2024, el cual representa la suma de $1.4 millones de compensación.

El viceministro Alexis Pineda explicó que este excedente se produjo porque al final del ciclo se mejoraron las condiciones climáticas y los rendimientos se incrementaron, dando como resultado este excedente por arriba de los 500 mil quintales que se habían programado, por lo que se acordó brindar una subsidio adicional de $4.00 de compensación por quintal.

Detalló que durante  la reunión de cadena, celebrada el pasado 19 de abril se pudo lograr el acuerdo para que  ese inventario de 367 mil quintales de maíz adicional pudieran recibir ese incentivo para poder facilitar esa compra por la industria, en esta oportunidad por 10 empresas.

Explicó que ya se cumplieron  tres etapas donde se compró arriba de 500 mil quintales por parte de la industria alimentaria y que esta cuarta etapa se agregó para que los productores pudieran salir de ese excedente de maíz y evitar que este producto se dañara, ya sea en los silos o en las galeras donde almacenan los  pequeños productores.