Panamá ha introducido un sorprendente número de exoneraciones, incentivos tributarios y regímenes especiales de manera desordenada y que en algunos casos compiten entre sí, por lo que es necesario reevaluarlos.

Los impuestos inciden en la economía, pero la gráfica que presentamos muestra que la incidencia del sistema tributario panameño no es el principal factor en el crecimiento de nuestra economía. Al analizar el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) y el porcentaje que los ingresos tributarios representan del PIB (presión tributaria) se nos hace evidente que en los 10 años en que Panamá tuvo su máxima presión fiscal, también experimentó 5 de sus 10 mejores año de crecimientos del PIB (1990-1992 y 2011-2012) y sólo 2 años de menor crecimiento; al revés, de los 10 años en que Panamá ha tenido la menor presión fiscal sólo 2 corresponden a los 10 mejores años de crecimiento (2005 y 2021), mientras que 5 años son los de peores en materia de crecimiento (2001-2002 y 2018-2020).

La presión fiscal de Panamá es una de las más bajas del mundo, la adopción por otros países del Impuesto Mínimo Global (al impuesto sobre la renta) y la necesidad de recursos para llevar adelante proyectos estatales limitan que el país base su competitividad en exenciones o reducciones de impuesto. Por lo que para el desarrollo de Panamá cobran más importancia otros factores económicos que podemos desarrollar con un mejor uso de nuestros recursos.

En lo que respecta a nuestro sistema tributario, los incentivos tributarios deben convertirse en verdaderos beneficios tributarios, en los que el sacrificio fiscal y su costo de administración sean cuantificablemente menores que el beneficio que generan a la sociedad. También del lado del gasto público es importante identificar qué medidas generan mayor beneficio a la sociedad, como por ejemplo la inversión en infraestructura o gastos que nadie puede soportar individualmente, pero que todos aprovechamos como educación, tecnología, infraestructura pública y salud.

De igual manera, un área en que necesitamos una intervención colectiva, y no esfuerzos aislados para mejorar la competitividad, es eliminar la corrupción. Además del costo adicional para hacer negocios y para vivir, la corrupción tiene un costo tributario alto que socava la competitividad.

El Manual de Ética, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción publicado por el CIAT (2021) identifica que “El crecimiento en un punto porcentual del Índice de Percepción de Corrupción se asocia con una caída del 1.5% en la recaudación tributaria sobre PIB”.

Considerando que Panamá tiene apenas 35 puntos de 100 en el Índice de Percepción de Corrupción, subir a 40 o 55 puntos para alcanzar a nuestros vecinos colombianos y costarricenses respectivamente traería un impacto mayor que las reformas fiscales realizadas en los últimos 20 años en la recaudación y la posibilidad de utilizar más recursos y de mejor manera para mejorar la competitividad de Panamá.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Las recientes actuaciones de la mayoría en la Asamblea Nacional vuelven a despertar serias preocupaciones entre los ciudadanos. Estando en pleno torneo electoral, en lugar de abordar de manera prioritaria temas críticos para la sociedad panameña, un número plural de diputados ha optado por impulsar Proyectos de Ley cuyos propósitos parecen más enfocados en ganancias políticas a corto plazo que en el beneficio genuino del país.

Uno de los aspectos más alarmantes es la insistencia en Proyectos de Ley como la creación inconsulta de nuevos corregimientos, cuya viabilidad y necesidad no han sido debidamente evaluadas ni discutidas con la ciudadanía; así como, el impulso de proyectos sin sustento económico, que crean incertidumbre en diferentes sectores de la sociedad.

Además, es inexcusable el hecho de que estos diputados hayan desviado la atención del Órgano Legislativo de iniciativas realmente importantes, como la Extinción de Dominio y las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea, como ejemplos que podrían tener un impacto significativo en el desarrollo y la gobernanza del país. La omisión de discutir estos temas de importancia refuerza la idea de que la única agenda que interesa a quienes controlan el legislativo es la propia.

Es evidente que la Asamblea Nacional ha perdido de vista su papel como representante legítima del pueblo panameño. En lugar de servir como un foro para el debate informado y la toma de decisiones responsables, se ha optado por priorizar agendas eminentemente politiqueras.

En este contexto, rechazamos la actuación de aquellos diputados que buscan utilizar la Asamblea Nacional como un trampolín para sus propios intereses particulares y políticos.

Esperamos un Órgano Legislativo cuya actuación promueva el fortalecimiento de nuestra democracia, que trabaje de la mano con la ciudadanía por el futuro de Panamá. Es aquí donde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá siempre será un aliado.

El destino de nuestro país está en manos de todos los panameños, y es el deber de todos los panameños asegurar que la Asamblea Nacional refleje verdaderamente los intereses y aspiraciones del pueblo panameño.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Adolfo Fábrega
Presidente Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)

Panamá vive momentos críticos. El gobierno que triunfe este 5 de mayo enfrentará desafíos de una complejidad sin precedentes, cuyo manejo imponen dos condiciones fundamentales. Primero, figura la apremiante necesidad de potenciar la capacidad de ejecución de todas las instituciones para emprender acciones de alto y pronto impacto, que reactiven la economía y revivan nuestras instituciones.

Lo segundo consiste en que la recién estrenada administración despliegue todas sus habilidades y capital político inicial para generar consensos, restablecer la paz social y pavimentar el camino para adoptar a la brevedad posible, y en armonía, decisiones sensibles e inaplazables como la relativa al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) o al futuro de la actividad minera.

En otras palabras, sería indispensable que desde el día 1, el nuevo gobierno despliegue todo su arsenal tanto técnico como político.

Sobre lo primero, más que apostar a “reactivar” un determinado sector, como han planteado casi todas las ofertas electorales, es determinante adoptar políticas simples y viables que tengan impacto transversal (“across the board”). Como posible acción, cada nueva autoridad podría presentar al término de 10 días, cinco iniciativas específicas para destrabar y simplificar procesos críticos en cada entidad.

Para reducir los tiempos de ejecución se podría recurrir a programas ya vigentes que solo requieren literalmente remover los obstáculos que inhiben su funcionamiento (por ejemplo, programas de primer empleo). Ello brindaría resiliencia a la economía y mejoraría sensiblemente la atención de las crecientes demandas de los usuarios y de la población.

Lo anterior exige de forma inmediata crear capacidades de ejecución, reforzando los estamentos técnicos que gozan de la experiencia para mejorar los tiempos de respuesta y calidad del Estado. No se trata tanto de reducir el Estado como de mejorar su calidad.

En cuanto a lo segundo, en el mismo discurso inaugural, el nuevo gobierno debe convocar para el día siguiente, sin excepción, a todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo partidos, gremios privados y públicos a un gran consenso nacional. No sería descabellado invitar a esas fuerzas o partidos que integren parte del nuevo equipo gubernamental. El país no aguanta un día más de cierres y disenso hábilmente promovidos por grupos que buscan deslegitimar el sistema.

Adicionalmente, resultaría propicio reconocer ante el país, cosa que tampoco se hizo en campaña, que el momento demanda de todos los panameños grandes sacrificios y entendimiento, y que en alguna medida se depongan intereses que riñen con el bienestar general del país.

Ello exigiría, como telón de fondo, un cronograma público para delinear el plan de acción que se adoptarán en los primeros 100 días para materializar esos grandes consensos y reactivar el funcionamiento del Estado y de la economía.

Para los temas macros más apremiantes deben convocarse mesas de trabajo que, a diferencia de otras, se rijan bajo un tiempo perentorio para generar decisiones y consensos específicos dejando sentado que, de no lograrse dichos objetivos, compete al Gobierno en última instancia la suprema responsabilidad de adoptar las medidas necesarias.

Finalmente, lo propuesto no riñe con la instrumentación del Plan General del nuevo Gobierno; por el contrario, este Plan de 100 días lo complementa. De hecho, ningún plan es viable sin armonía social y condiciones operativas para ejecutarlo. Una maquinaria burocrática funcional es indispensable para ejecutar cualesquiera de las políticas o programas propuestos, sean de combate a la corrupción, de desarrollo del agro o de fomento del turismo.

Lograr temprano triunfos contundentes, aunque modestos, generaría un efecto de “demostración” de que sí funciona el nuevo Gobierno, lo que renovaría progresivamente su capital y credibilidad político para una gestión más sostenible y efectiva, creando condiciones para un Panamá de mayor bienestar y paz.

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es: